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Ganancias: advierten por nivel "confiscatorio"

Tributaristas recomiendan judicializar reclamos para conseguir ajuste por inflación y extremar cuidados en la administración de impuestos.

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Ganancias: advierten por nivel "confiscatorio"

Para las empresas la presión tributaria se está tornando insoportable, al punto de que comienzan a analizar la judicialización porque consideran que los impuestos tienen niveles “confiscatorios”. Esa fue una de las principales conclusiones de una charla sobre Panorama Impositivo organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) de la que participaron el tributarista César Litvin, la socia del estudio KPMG Analía Saitta y el presidente del grupo GNP, Guillermo Pérez.

Litvin recomendó a las empresas recurrir a la Justicia para hacer valer el derecho a ajustar los balances por inflación. “Hay más de un centenar de casos con fallos favorables a las empresas”, explicó el tributarista, quien consideró que las empresas están en condiciones de hacer valer el derecho “en caso de que se demuestre que hay confiscatoriedad en el impuesto”. Litvin se refirió al caso de Ganancias, en el que la alícuota es del 30%. “Todo lo que supere eso puede ser declarado como de nivel confiscatorio”, explicó. Existe una amplia jurisprudencia en favor de las empresas, y varios estudios contables jurídicos están empezando a recomendar a sus clientes ir a las Justicia. La AFIP también respondió a estas iniciativas. Recientemente informó por nota que las empresas que inicien juicio van a ser objeto de inspecciones.

Por lo pronto, por el período fiscal de este año los contribuyentes no tendrían problemas. La Ley de Impuesto a las Ganancias contempla que se podrá hacer el ajuste por inflación de los balances si la inflación supera el 30% anual, algo que es casi uno hecho, según explicó Litvin. El tributarista también advirtió que “varias provincias no cumplieron con el Pacto Fiscal” firmado en 2017 con el Gobierno nacional, por el cual se comprometían a bajar Ingresos Brutos. Consideró que Chaco tardó más de un año en bajar ese impuesto, y que varias otras provincias recién lo redujeron en 2018. Pero sobre todo criticó los regímenes de retenciones como el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), que genera un descuento de todo lo que cobra un contribuyente en su cuenta de banco, que provoca que las empresas terminen pagando de más. Al respecto, Litvin consideró que “las provincias no hicieron mucho para dejar de seguir generando saldos a favor”.

Por su lado, Saítta también llamó la atención sobre las “incertidumbres” que genera el nuevo esquema para los aportes y contribuciones a la Seguridad Social que pagan las empresas por sus empleados. La reforma fiscal estableció un cronograma para que se pague una alícuota única del 19,5% en 2022 en todo el país. Sucede que las grandes pagaban 21%, mientras que las pymes estaban en 17,50%. Este año las primeras bajaron a 20% y las segundas subieron a 18%. Y el problema se plantea con el nivel de facturación de $48 millones anuales que fija la ley para ser pyme en el sector de comercio y de servicios. La socia de KPMG dijo que “ese es un nivel muy bajo” y manifestó que “la AFIP se ancló” en ese monto.

Saitta remarcó que ese nivel de facturación anual es el que emplea el organismo para determinar el impuesto a pagar, y por ende, futuras deudas de las empresas, que recién prescriben a los 10 años. “Las definiciones nunca están completas para dar seguridad jurídica. Lo que se pensó como beneficio genera incertidumbres”, sostuvo.

Por su parte, Pérez recomendó a las empresas un mayor cuidado al momento de la administración del área de impuestos, para de esa manera aprovechar las ventanas que ofrece la propia ley para pagar menos. El CEO del Grupo GNP advirtió que el alto nivel de impuesto que hay en el país “está determinado por las condiciones macroeconómicas”. En ese sentido, el empresario indicó que el nivel del gasto público creció del 20% al 40% del PBI y que por eso sube la presión fiscal. “En 2002 el Estado pagaba 7 millones de cheques y en 2019 son 17 millones”, manifestó Pérez, quien indicó que para sostener eso “sólo hay 6 millones de trabajadores del sector privado registrado”.