ARGENTINA

Justicia

El Gobierno promulgó el nuevo Código Procesal Penal

o hizo mediante el Decreto 118/2019, publicado este viernes en el BoletínOficial. El compendio incorpora leyes sancionadas como la de flagrancia, de ejecución de la pena privativa de la libertad, de responsabilidad penal empresaria o la del arrepentido

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El Gobierno promulgó el nuevo Código Procesal Penal

El nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobado en diciembre del año pasado por el Congreso, se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Mediante el Decreto 118/2019, el Gobierno promulgó el compendio, que incorpora leyes sancionadas en los últimos dos años como, por ejemplo, la de flagrancia y la del arrepentido.

 La flamante norma se aplicará a la investigación y persecución de delitos complejos como el narcotráfico, corrupción, trata de personas y otros ilícitos relacionados con el crimen organizado. Entre los principales cambios que instaura, sobresalen: - El sistema deja de ser mixto y pasa a ser acusatorio. Con esto se delega toda la investigación en el fiscal. El juez es el que juzga pero la investigación estará dirigida y conducida por fiscal. - La investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. Se estima que la agilización de las causas penales evitará la prescripción de las causas. - Si el juez o fiscales no cumplen con tiempos sufrirán sanciones. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados. - La sentencia debe ser definitiva, absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión. - Las víctimas van a poder participar en el proceso junto al fiscal, exigiendo medidas en el instante de la investigación. - Se contempla la expulsión de los extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito, con una prohibición de reingreso al país no inferior a cinco años ni mayor de 15 años. - Todas las decisiones serán orales y en audiencias públicas. La investigación (instrucción) se realizaran en máximo un año y el juicio oral se realiza entre cinco y 30 días una vez finalizada la investigación.  - El sistema deja de ser mixto y pasa a ser acusatorio. Con esto se delega toda la investigación en el fiscal. El juez es el que juzga pero la investigación estará dirigida y conducida por fiscal. - La investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. Se estima que la agilización de las causas penales evitará la prescripción de las causas. - Si el juez o fiscales no cumplen con tiempos sufrirán sanciones. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados. - La sentencia debe ser definitiva, absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión. - Las víctimas van a poder participar en el proceso junto al fiscal, exigiendo medidas en el instante de la investigación. - Se contempla la expulsión de los extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito, con una prohibición de reingreso al país no inferior a cinco años ni mayor de 15 años. - Todas las decisiones serán orales y en audiencias públicas. La investigación (instrucción) se realizaran en máximo un año y el juicio oral se realiza entre cinco y 30 días una vez finalizada la investigación. - Una comisión bicameral del Congreso tendrá a su cargo el monitoreo del código con una participación amplia de todos los sectores.