Con los cordobeses le quitaron fondos a los porteños

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La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la ley que regula el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires y establece una quita de la coparticipación federal, después de una sesión de casi 20 horas y una maniobra de Cambiemos para frustrarla, que si bien no prosperó podría judicializarse.

La ley tuvo 129 votos, justo la mitad más uno del recinto.  El Frente de Todos lo alcanzó después de un trabajoso acuerdo con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, que aportó sus diputados para el quórum pero negoció retoques al texto y resolvió así la presión cruzada de Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno nacional.

La votación volvió a tener peculiaridades como el voto en contra de Eduardo “Bali” Bucca, jefe del interbloque federal y clave para sancionar el impuesto a la riqueza; y de la dupla del riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, aliados en casi todas las leyes.

Sin ellos, los cordobeses eran claves y así lo hicieron valer, sobre todo porque los tres diputados cercanos a Roberto Lavagna y los dos socialistas santafesinos no ayudaron con el quórum y no se comprometían a hacerlo a la hora de votar cuando finalmente se abstuvieron, pero ya no eran necesarios.

Sergio Massa y Máximo Kirchner precisaban 129 votos seguros para no correr riesgos. Además, la oposición podía reclamar esa cantidad sin importar los presentes, lo que se conoce como “mayoría absoluta”, por tratarse de un reparto de fondos coparticipables, aunque algunos antecedentes le jugaban en contra.

El artilugio de Cambiemos para frustrar la sesión fue estirarla hasta la medianoche, cuando vencía el período ordinario (entre diciembre y febrero se tratan leyes que pida el presidente) y el protocolo de sesiones remotas. Apelaron a cuestiones de privilegio y pedidos de apartamientos del reglamento, recursos reglamentarios para reclamar que se traten temas varios o proyectos fuera del plan de labor, que necesitan una mayoría de tres cuartas partes del recinto y ninguna fuerza la tiene por sí misma.

La oficialista Cecilia Moreau dejó en evidencia la estrategia cuando pidió incorporar la ley de etiquetado frontal a la cola del temario y Cambiemos, que la había reclamado, bloqueó la votación. Si lo aceptaba hubiera dado el primer paso para convalidar los debates de madrugada que iban a impugnar.

Fueron horas de intensas negociaciones en el despacho de Sergio Massa, donde se acercaron Máximo Kirchner y los jefes del PRO Cristian Ritondo y Álvaro González, con llamados cruzados del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Schiaretti y funcionarios del Gobierno nacional.

La sesión era conducida por Cecilia Moreau o el entrerriano Marcelo Casaretto y se consumía en los más variados reclamos y votaciones  frustradas. La idea de Cambiemos era que el tiempo corra y así sucedió.

El jefe de Gobierno reclamaba retener puntos de coparticipación, el oficialismo se negaba pero no podía reunir una mayoría sin los cordobeses y algo tenían que ceder. De mínima, Schiaretti quería que la ley volviera al Senado, donde la mayoría oficialista garantiza la ratificación.

Se acordó un período de 60 días de negociación con la intervención del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se hacen valer los gobernadores y sus autoridades se expresaron a favor de la ley cuando se debatió en el Senado. “Si no hay acuerdo, la Nación hará lo que quiera”, aseguraron fuentes del Frente de Todos.

En suma, el proyecto es un convenio del traspaso de la policía federal a la Ciudad que se llevó a cabo en 2016 y Mauricio Macri financió con una suba de coparticipación de más de dos puntos (1.4 a 3.75), que luego rebajó una décimas (3.5%). Pero no existió una ley con un inventario de los gastos, como establece la Constitución.

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