Partidarios de Trump han interpuesto al menos 15 impugnaciones tan sólo en Pensilvania.

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En la corte, sus abogados deben caminar sobre una delgada línea entre defender a su cliente y cumplir con su juramento profesional.

Expertos en ética legal y activistas en favor de la democracia han cuestionado la participación de los abogados en esta batalla, en momentos en los que Trump se aferra al poder y en que Biden echa a andar su agenda.

“Este podría ser un intento por tranquilizar el ego del presidente, pero tiene consecuencias para el mundo real y para personas de verdad”, dijo el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Loyola Justin Levitt, un ex funcionario electoral del Departamento de Justicia. “El intento de apaciguar el ego del presidente no es un crimen sin víctimas”.

Schmidt declaró a “60 Minutes” de CBS que el personal de su oficina ha recibido amenazas de muerte por el simple hecho de contar votos.

“Viéndolo de adentro hacia afuera, todo esto se siente perturbador”, dijo Schmidt en una entrevista transmitida el domingo. “Contar los votos emitidos antes o durante la jornada electoral por votantes elegibles no es un acto de corrupción. No es hacer trampa. Es democracia”.

Sin embargo, un número incalculable de votantes está aceptando las acusaciones de Trump de que se trató de una elección amañada, y han hecho donativos a un fondo para defensa jurídica.

El despacho de abogados Porter Wright Morris & Arthur, con sede en Ohio e involucrado en las demandas electorales, aparentemente suspendió su cuenta de Twitter el martes después de que se vieron inundados con ataques. La firma no devolvió mensajes enviados en busca de comentarios.

Un segundo despacho, Jones Day, dijo que no representaba a la campaña de Trump sino al Partido Republicano de Pensilvania, en un litigio ante la Corte Suprema en torno a la extensión de tres días para aceptar votos por correo.

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